Protección contra anuncios maliciosos y no queridos en Internet

Ciberdelincuente

Algunos ciberdelincuentes usan los anuncios para distribuir malware, pues bien la mejor forma de evitar los anuncios maliciosos y no queridos es:

Primero, ser precavido y no pulsar en los enlaces de las páginas que se visitan, como si fueran a regalarnos algo, que si un móvil, que si un viaje, que si un ordenador, etc., nada de ello es cierto.

Segundo, usar Internet para lo que lo necesitemos, y no dedicarse a perder el tiempo pinchando en cualquier enlace que se nos ponga a nuestro alcance.

Tercero, usar el sentido común y la lógica, puesto que son, en definitiva, los motores de la prudencia.

Cuarto, instalar extensiones que nos ayudan a facilitar este trabajo de prevención de los riesgos, y así:

  • para el navegador: Chrome: AdSweep
  • para el navegador: Internet Explorer: Adblock

Quinto, seguir las instrucciones del navegador, y así para Chrome: Ventanas emergentes, redirecciones y otro software malicioso, y es que es posible que hayas descargado sin pretenderlo un programa que haya instalado software malicioso en tu ordenador.

A continuación se indican dos formas habituales de instalación de software malicioso.

Descargas: en ocasiones descargas un programa que te permite hacer algunas acciones online, pero el programa también incluye software dañino. Aunque puedes utilizar el programa que quieres, el otro programa se puede estar ejecutando en segundo plano. Estos programas adicionales pueden llevar a cabo acciones, como añadir barras de herramientas o anuncios a tu navegador.
Extensiones: en ocasiones, las extensiones seguras que tienes en tu ordenador son adquiridas por hackers maliciosos. Cuando actualizan la extensión, pueden instalar software malicioso en tu ordenador.

Ejemplos de anuncios maliciosos:

AnunciosMaliciosos1 AnunciosMaliciosos2

Anuncios
Publicado en Nuevas Tecnologías, Sociedad de la Información | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

La expulsión Judicial de extranjero condenado a pena privativa de libertad inferior a seis años

masaccio_expulsion_dtl

La expulsión judicial de extranjeros como medida de seguridad de sustitución de las penas privativas de libertad es una opción político criminal adoptada por el Reino de España a fin de evitar la permanencia del condenado extranjero en nuestro país, pero no como medio de prevención general de delitos, sino más bien, encauzada a desmasificar las cárceles españolas.
La sustitución de la pena privativa de libertad está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico en el Artículo 89 1 del Código Penal y que fue introducida allá por el año 2000 (LO 8/2000), siendo modificado por las LO 11/2003 y 5/2010.”

2004_0417Imagen0004

Recientemente se ha presentado por parte del responsable de Prolex (José Enrique Pérez Palaci) el trabajo final bajo el título La Expulsión Judicial en el curso organizado por la Universidad de Zaragoza (Introducción al derecho de Extranjería y su práctica) de conocido prestigio a nivel académico y forense, ampliando y actualizando los conocimientos para ofrecer a los clientes un mejor servicio.PROLEX - lona

Publicado en Extranjería | Etiquetado , , , , , , , | Deja un comentario

Abstención en votación de Junta del Consejo de Administración de entidad mercantil

  • JuntaCAdministracionDice el Artículo 201.1 de la Ley de Sociedades de Capital: “En la sociedad anónima los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados.”, pero sin especificar si esta mayoría ordinaria es mayoría simple, en la que basta que los votos positivos sean más que los negativos, sin tener en cuenta abstenciones o votos en blanco; o mayoría absoluta, en que es necesario que los votos positivos sean al menos la mayoría de los asistentes a la Junta; y por tanto, más que los votos negativos sumados a las abstenciones y votos en blanco.

    Por tanto – y si no estuviera regulado en los Estatutos – el número de votos para adoptar los acuerdos debe ser por mayoría ordinaria, no debiendo computarse las abstenciones y los votos en blanco, y ello en cuanto, si bien las abstenciones son votos válidos, los mismos no son ni a favor ni en contra, por lo que si se tienen en cuenta como a favor se le estaría dando un valor positivo, cuando la voluntad del socio ha sido no dárselo.

    Caso concreto:

Ratificación de Presidente del Consejo de Administración:

                                                  100,00 Votos válidos
60,00  a favor
20,00  en contra
20,00  abstenciones

A.- Acuerdo adoptado por Mayoría simple al ser más los votos a favor (60) que los en contra (20).

B.- Acuerdo adoptado por Mayoría absoluta al ser los votos a favor (60) más que los votos en contra sumados a las abstenciones (40).

Ahora bien, cabe que los Estatutos ordenen otras mayorías, como el caso de que los acuerdos deberán adoptarse por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre y cuando representen al menos a dos tercios de los asistentes, y que a su vez, supongan más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales, así como  que no se computaran los votos en blanco. En este caso la decisión no será adoptada, puesto que el número de votos a favor es inferior a 70, y ello, en cuanto que se adoptaría el acuerdo si hubiera mayoría de dos tercios de los asistentes, y dado que 2/3 de 100 es igual a 66,6, el redondeo será al alza, es decir, 70, como fue estimado en la Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por «Editorial Juventud, Sociedad Anónima», contra la negativa de don Francisco de A. Serrano de Haro Martínez, Registrador mercantil de Barcelona número X a inscribir el nombramiento de Consejero delegado de una sociedad anónima (léase Fundamento de derecho segundo).

Por otra parte, y a tenor de cuanto dispone el Artículo 190.1 de la Ley de Sociedades de Capital, al conferirle un derecho al socio, a saber, el cargo de Presidente, el mismo debiera abstenerse en el voto por conflicto de intereses.

Publicado en Civil, Mercantil, Sociedades | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

¿Phising?, ¿qué es?

El Phishing

 

 

El “phishing” es una de las modalidades de estafa informática del artículo 248.2 del  Código Penal, en que a través de “artificios informáticos desconocidos los autores consiguen las claves secretas de alguien y realizan una disposición patrimonial inconsentida” (Sentencia N. 296/13 del Juzgado de lo Penal N. 7 de Alicante de 13 de septiembre de 2013).

EjemploPhishing
Los sujetos activos del delito proceden a la captación de colaboradores que actúen en intermediarios en el país elegido para realización de los fraudes, utilizando diversos medios de comunicación y ofertando puestos de trabajo con personas del país a través de programas de mensajería como ICQ, MSN, Yahoo! Messenger, también a través de Chats como IRC (internet Relay Chat), Correos electrónicos (email) hecho que realizan con envío masivo e indiscriminado esta técnica es lo que se denomina SPAM, también pueden captar en tablones de anuncios (Foros), páginas Web en las que habilitan empresas fraudulentas para dar fiabilidad a ofertas de trabajo. Contactan con las mismas ofreciéndoles la posibilidad de obtener un trabajo, o la realización de un acto humanitario entre otros, consistente en recibir transacciones de dinero que posteriormente deben remitir a otro país, quedándose, casi siempre, un porcentaje del mismo, dando distintas y diversas motivaciones de dicha actividad, por ello tienen que abrir o facilitar unas cuentas bancarias donde recibirán el dinero. Una vez captados los colaboradores, mantienen con ellos contacto físico, telefónico o correo electrónico, dándoles las consignas pertinentes, como pueden ser: la apertura de cuentas bancarias en diversas entidades bancarias, forma de reintegrar el dinero y forma y a quien enviarlo.

Paralelamente a la apertura de cuentas bancarias, estos grupos realizan la captación de los datos confidenciales de las víctimas para el control de las cuentas “on line” utilizando la técnica denominada “phishing” (derivación del inglés fishing -ir de pesca-), la cual puede partir de un SCAM consistente en un envío masivo e indiscriminado (SPAM) de correos electrónicos (EMAIL) con un engaño para llamar la atención de la víctima (HOAX).

En la Red se utiliza el envío masivo de correos electrónicos que simulan proceder de entidades bancarias y apremian al internauta a actualizar datos personales (nombres de usuario y contraseña de cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, etc.) aludiendo motivos de seguridad, mantenimiento, mejora en el servicio, confirmación de identidad o cualquier otro, redirigiéndoles a una página que imita a la original (Web Spoofing), de tal manera que al introducir los datos en la página falsa, éstos son “pescados” por los ciberdelincuentes para utilizarlos de forma fraudulenta. También la captura de claves puede realizarse a través de programas que interceptan la información o en el momento que se introducen en la banca online real, técnicas denominadas “Man in the middle” como el uso de keyloggers (programas que capturan las pulsaciones del teclado) o el uso de programas de control remoto. Los ataques mediante troyanos, últimos detectados, y que guardan relación directa con las entidades bancarias, se difunde a través de códigos en javascript, HTML, PHP en páginas web o corros electrónicos que permiten modificar la máquina víctima para esnifar (captar la información tecleada en las computadoras), como operaciones bancarias en línea, residiendo de forma silenciosa en los PC que logra infectar y activándose cuando el usuario visita determinadas sedes Web de bancos, capturando las claves de acceso e incluso capturando las pantallas para conocer el estado de las cuentas corrientes.

Una vez se tiene la información confidencial bancaria de la víctima, se accede al Banco Online a través de máquinas comprometidas (proxies) o lugares públicos de acceso a internet (cibers, bibliotecas) ubicadas en países ajenos al grupo realizador del fraude y de la víctima, transfiriendo el capital a la cuenta bancaria intermedia para comunicar al colaborador que ya ha recibido capital y que debe reenviarlo tras quedarse la comisión pactada.

PolicíaNAcionalPhishing

¿Cómo actuar?

En primer lugar, nunca responder a estos requerimientos ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por SMS, puesto que ninguna entidad bancaria solicita las contraseñas de acceso a la Oficina Virtual, número de contraseña, llamada telefónica, o cualquier información.

En segundo lugar, no haga nunca clic en estos mensajes, ni siquiera por curiosidad.

En tercer lugar, ponga en conocimiento de los cuerpos de seguridad del estado (Policía Nacional, MMEE, Guardia Civil) el hecho con el máximo de datos que pueda aportar: Emisor y Mensaje del correo electrónico, captura de pantalla, fecha de recepción, enlace de los links que hubiere en el mensaje (para ello posiciona el ratón encima del enlace, y con el pulsante derecho clique en copiar dirección de enlace, y peque en el documento que remita).

Publicado en Nuevas Tecnologías, Penal, Procesal | 1 Comentario

Consideraciones: Visado y autorización de residencia para inversores: Caso Adquisición bienes inmuebles

Finca290714La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con el objetivo de atraer la inversión en España articula un nuevo sistema de concesión de autorizaciones de residencia por inversión, en el que se establecen unos requisitos objetivos, a saber:

a) Una inversión inicial por un valor igual o superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública española, o por un valor igual o superior a un millón de euros en acciones o participaciones sociales de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

b) La adquisición de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante.

c) Un proyecto empresarial que vaya a ser desarrollado en España y que sea considerado y acreditado como de interés general.

Centraremos el análisis en el apartado b) del artículo 63 de la Ley 14/2013, el cual previene la concesión de la residencia por una adquisición de un bien inmueble de valor igual o superior a 500.000,00 €, pudiendo con dicha adquisición beneficiarse no sólo el inversor extranjero, sino también los familiares menores de edad  o mayores de edad que no sean objetivamente capaces de proveer sus propias necesidades debido a su estado de salud.

La inversión realizada estará libre de cargas y gravámenes, si bien la que exceda de 500.000,00 € puede estar sometida a cargas como sería el caso de una compraventa con hipoteca por el valor que superara el importe mínimo de inversión.

Por otra parte, la inversión cabe realizarla no sólo sobre un único bien inmueble, sino sobre varios, así como ser varios los inversores, siempre y cuando el importe invertido por cada uno de ellos sea igual o superior a la cantidad mínima.

El elemento característico de la autorización de residencia por inversión es el hecho de que cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 63 de la Ley 14/13 se adquiere el derecho a la concesión, sin que quepa la denegación; ahora bien, deben cumplirse los requisitos generales para la concesión de la autorización de residencia y que se recogen en el artículo 36 de la LO 14/2003, de Extranjería, y así: carecer de antecedentes penales, no figurar como rechazable (es decir, que no haya sido expulsado del territorio Schengen), contar con un seguro de salud privado o público, contar con recursos suficientes para sí y su familia, así como acreditar haber adquirido la propiedad de los bienes inmuebles mediante certificación con información continuada de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que corresponda al inmueble o inmuebles.

La concesión del visado de residencia para inversores constituirá título suficiente para residir en España durante, al menos, un año, mientras que la autorización de residencia para inversores tendrá una duración de dos años, cabiendo, cumplido dicho plazo, su renovación por el mismo plazo de dos años.

Publicado en Extranjería | Etiquetado , , , | Deja un comentario

El procedimiento de ejecución hipotecaria y la Directiva 93/1993

TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha vuelto a declarar que la legislación hipotecaria española vulnera la Directiva 93/1993

Miembros del TJUE

Andamos buenos, cada vez que se presenta una cuestión prejudicial al TJUE sobre la legislación procesal que afecta a las ejecuciones hipotecarias es declarada contraria al derecho de la Unión Europea, como dijera el insigne jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano Cicerón en la tan conocida frase de las Catilinarias “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?), en el caso habría que sustituir Catilina por Gobierno de España, y si siguiéramos con el mismo discurso debiéramos añadir “¿Cuánto tiempo hemos de ser todavía ju­guete de tu furor? ¿Dónde se detendrán los arrebatos de tu desenfrenado atrevimiento?“.

Gallardon

El legislador es el padre de la patria y debe de proteger a sus hijos, que son los ciudadanos, de ahí que el derecho deba de ser lo más garantista posible, y permitir (es un derecho fundamental) la defensa de los intereses sin coartar al justiciable en el camino hacia esa defensa, que incluye el acceso a la jurisdicción y el acceso al recurso; pues bien, nuestro legislador, ha impuesto las tasas judiciales para limitar el acceso del ciudadano a la justicia impidiéndole pedir justicia, a no ser que pague (quieres justicia, pues paga), pero es que además (en el caso que nos ocupa) no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestima su oposición a la ejecución, y con muy buen criterio el TJUE ha declarado que ello vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

BotinRajoy

En resumen, la sentencia estima que el art. 7.1 de la directiva 93/13/CEE prevalece sobre la ley procesal civil (LEC), y que el art. 695.4 impide la apelación de autos de desestimación de oposición en ejecuciones hipotecarias. Este artículo contraviene la citada directiva, y debe interpretarse en el sentido de que el justiciable ejecutado debe poder apelar dichos autos (recordemos que las tasas judiciales no afectan a los autos, y por tanto no se debe pagar ninguna cantidad en concepto de tasa).

Es la “igualdad de armas”, es el derecho de defensa, y es el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la CE, puesto que el hecho de que sólo el el acreedor-ejecutante pueda apelar dicho auto vulnera no sólo la precitada Directiva, sino que es (a mi entender) anticonstitucional.

– Por otro lado, la sentencia estima que conforme a la repetida directiva, un procedimiento declarativo (por ejemplo de nulidad de cláusula suelo, o de nulidad de intereses de demora) sí debe poder y tiene que suspender un procedimiento de ejecución hipotecaria, a pesar de lo dispuesto en la LEC española, y no es suficiente con que el juez, en el declarativo, pueda imponer una indemnización al consumidor.

Esta nueva sentencia abre nuevos procesos judiciales vía incidente de nulidad de actuaciones, incidente que debe interponerse en el plazo de veinte días desde que se tuviera conocimiento de que en el proceso se ha vulnerado un derecho fundamental, por tanto, insto a todos los letrados y a todos los ejecutados que procedan a interponer incidentes de nulidad de actuaciones, y que en el mismo escrito se aporte la sentencia que se recoge más abajo, y que soliciten del Juzgador cuestiones prejudiciales, sólo debemos pensar los abogados qué artículos de la LEC puede vulnerar la legislación europea.

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Sala Primera) de 17 de julio de 2014

Publicado en Civil, Cláusulas abusivas, Derecho Comunitario, Procesal, Todas | Etiquetado , , , , , , | Deja un comentario

Caducidad y prescripción en procedimiento de extranjería

Caducidad - Prescripción

Caducidad – Prescripción


 La Caducidad


Cuando la Administración inicia un procedimiento sancionador, debe finalizarlo antes de un plazo determinado legalmente. Así, el plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento es de seis meses desde que se acordó su iniciación, sin perjuicio de lo dispuesto para el procedimiento simplificado en el artículo 238.

Si ha transcurrido el plazo (6 ó 2 meses) sin haberse resuelto y notificado la resolución administrativa el procedimiento caducará y se procederá al archivo de las actuaciones si lo solicita el interesado o bien de oficio por el órgano que tuvo que resolver, y ello excepto en aquellos casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o se hubiese acordado su suspensión.

El plazo de caducidad para los procedimientos simplificados es de dos meses.

Por este motivo es muy importante controlar las fechas de notificación de las resoluciones.


La prescripción


En muchas ramas del Derecho se produce la prescripción de acciones por el transcurso de los plazos legalmente exigidos. Así, cuando se pasa los plazos de prescripción no se podrá ejecutar la sanción que se haya impuesto.

En materia de extranjería debemos tener en cuenta la particularidad de la prescripción para el caso de la sanción de expulsión, ya que si la sanción impuesta fuera la expulsión del territorio nacional, la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la resolución.

Publicado en Extranjería, Uncategorized | Etiquetado , , | Deja un comentario