El Tribunal de Justicia precisa las condiciones en las que privar al prestamista de los intereses convencionales, como sanción por el incumplimiento de su obligación precontractual de evaluar la solvencia del prestatario, es compatible con el Derecho de la Unión

TJUE

El Tribunal de Justicia Europeo en la reciente Sentencia de 27 de marzo de 2014 (C-565/12) recuerda que, con arreglo a la Directiva 2008/48, el prestamista está obligado, antes de cualquier relación contractual, a evaluar la solvencia del prestatario a fin de proteger efectivamente a los consumidores de cualquier firma irresponsable de contratos de crédito, y los Estados deben establecer medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para sancionar cualquier incumplimiento de esta obligación.

Concluye el Tribunal de Justicia declarando que: “El artículo 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un régimen nacional de sanciones con arreglo al cual, en caso de que el prestamista incumpla su obligación precontractual de evaluar la solvencia del prestatario consultando una base de datos adecuada, el prestamista se ve privado de su derecho a los intereses convencionales, pero se beneficia de pleno Derecho de los intereses al tipo legal, exigibles desde el pronunciamiento de una resolución judicial por la que se condena a dicho prestatario al pago de los importes aún adeudados, que además se incrementan en cinco puntos si, al expirar un plazo de dos meses tras dicho pronunciamiento, el prestatario no ha abonado su deuda, cuando el tribunal remitente estime que, en un supuesto como el del litigio principal, que entraña la exigibilidad inmediata del capital del préstamo restante adeudado por la falta de pago del prestatario, los importes que puede efectivamente percibir el prestamista como consecuencia de la aplicación de la sanción de privación de los intereses no son significativamente inferiores a aquellos a los que podría tener derecho si hubiera cumplido su obligación de evaluar la solvencia del prestatario.”

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